CIUDADANOS DE 1ª y de 2ª CLASE

Después de treinta años de vida democrática es lamentable comprobar que, en muchos aspectos, los ciudadanos seguimos siendo avasallados por personajillos que gestionan los servicios públicos.

Reconozco que durante estos años los parlamentarios se han esforzado en promulgar leyes que facilitan la convivencia ciudadana en plena libertad, una libertad que se trasluce en nuestra vida social, familiar y laboral. Pero de nada sirven las leyes cuando uno se tropieza con algún funcionario que se cree superior al ciudadano que solicita sus servicios. En esos casos podíamos decir sin temor a equivocarnos: Con la Administración hemos topado.

Depende del funcionario de turno que nos toque, para que uno salga del lugar contento o amargado. Como yo esta mañana.

Lo peor es la impotencia que se siente ante ellos, el no poder hacer nada para evitar que las cosas continúen haciéndose de esa manera.

Veamos un ejemplo: Esta misma mañana, entro en la Biblioteca Pública Alfonso X El Sabio, en El Puerto de Santa María, para devolver unos libros que había leído y llevarme otros. Había una funcionaria atendiendo amablemente y sonriendo a una señora. Cuando acaba, llega un hombre con gesto adusto y ocupa su puesto tras el mostrador. Me acerco a la ventanilla y le entrego una nota con los títulos de los libros que he elegido por Internet en la red de Bibliotecas Públicas de Andalucía, donde me señalaba que tales obras no se hallaban en las estanterías de libros expuestas al público, sino en el depósito de la biblioteca, y para facilitar su búsqueda indicaba unas claves que yo había anotado junto a los títulos. El funcionario hace un gesto de hastío, se dirige al depósito y regresa con los libros que había solicitado. Por error le entrego el carné de jubilado en vez de la tarjeta de lector. Ambos son del mismo tamaño, contienen mi DNI, son del mismo color verde y editados ambos por la Junta de Andalucía.

El empleado lo coge y lo arroja sobre el mostrador de mala manera diciendo:

–Esto no sirve.

–Perdón, me he equivocado –respondo, entregando el carné exigido

–Éste sí que vale –responde, mordaz.

–Vaya, no tengo suerte. Hace unos minutos, la señora que estaba delante de mí se ha llevado tres libros sin mostrar ningún carnet, sólo ha dado verbalmente el número de su DNI, y le han servido. Yo le entrego por error un carnet de la Junta de Andalucía, donde aparecen todos los datos y el DNI, y me lo arroja usted de mala manera. Por lo visto, todos no somos iguales ante la Ley, pues depende de quien esté atendiendo al público aquí, para que el trato recibido sea diferente

—Óiga, yo no tengo porqué escuchar tonterías tan temprano. Si quiere llevarse los libros se los lleva, y si no, los deja…¡No te digo!

Y lo dejo y me voy a ver al Director. Desde mi juventud he luchado por la defensa de las libertades. No permito que nadie me avasalle. Le explico el caso al Director y lo primero que hace es pedirme disculpas por las molestias causadas y luego baja conmigo a aclarar lo sucedido. Le dice al empleado del mostrador que él tiene la obligación de atender amablemente al público, a lo que el funcionario alega enseguida que yo mentía, y que él tenía un testigo. O sea, al ver que yo me dirigía al despacho del director, enseguida buscó a alguien que hiciera de testigo en el caso de que la cosa fuera a mayores. ¿No denota esto un sentimiento de culpabilidad?

Y ya estamos: su palabra contra la mía. Por lo visto, para que en este país nos respeten debemos ir acompañados de un notario para que levante acta de lo que sucede cada vez que hagamos alguna gestión en una entidad pública

Los funcionarios son ciudadanos de primera clase; los demás, de segunda. En la empresa privada, por mucho que trabaje una persona, por muy capacitado e interesado que esté en que funcione la empresa, aun llevándose trabajo a casa si es necesario, si el empresario quiere va a la calle.

En cambio, en la administración pública, por muy vago que sea un funcionario, por muchas que sean las ausencias por ir a desayunar o a tomar café, o las bajas por enfermedad que lo alejen de su puesto de trabajo, por muy grosera que sea su actitud en la atención al público, nunca será despedido.

Lo malo es que ellos lo saben; por eso abusan. Cuando el Gobierno publica a bombo y platillo que se va a eliminar tal o cual ministerio para ahorrar gastos, me pregunto cómo van ahorrar si a los diez, quince o veinte mil funcionarios que están en nómina en el ministerio que pretenden eliminar los deben trasladar a otros porque no pueden despedirlos.

Mientras no haya una verdadera reforma que iguale los derechos de todos los trabajadores, sean funcionarios o de la empresa privada, hablar de democracia o de derechos civiles y libertades seguirá siendo una quimera.